La sociedad estudiantil se movilizará este miércoles y jueves contra la gestión del Gobierno de Ayuso y de la Comunidad de Madrid, que —según denuncian— está poniendo en riesgo la universidad pública y dejando a estudiantes y docentes con menos recursos y opciones.
Los diferentes sindicatos de enseñanza y plataformas estudiantiles han convocado para este miércoles y jueves dos jornadas de huelga y movilizaciones en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid: la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Carlos III y la Universidad de Alcalá de Henares.
La agenda de protestas se iniciará este miércoles a primera hora, con piquetes informativos en todos los campus, cuyo objetivo es promover el paro académico entre el alumnado y el profesorado. Ese mismo día, a las 15:30 horas, está prevista una concentración frente a la Consejería de Educación, en la calle Alcalá. El jueves volverán a repetirse los piquetes durante la mañana en los distintos campus, y a las 18:30 horas, se celebrará una manifestación en defensa de la universidad pública, que partirá de la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol.
Este parón académico actúa como un gran indicador luminoso que señala un conflicto que lleva demasiado tiempo desbordándose. Sindicatos y organizaciones estudiantiles ponen en el foco el riesgo creciente de endeudamiento a causa de la infrafinanciación y la dependencia de recursos privados, que atenta directamente en la calidad de la enseñanza y en el acceso a la educación superior universal.
A qué se enfrenta la universidad pública madrileña
Uno de los ejes centrales de la crítica es la reducción de la financiación pública directa. Actualmente, la Comunidad de Madrid aporta alrededor del 30% del presupuesto universitario y la intención es rebajarlo al 25%. El resto debe obtenerse a través de tasas -que, probablemente, aumentarían su coste-, proyectos privados y fondos competitivos.
El modelo incorpora además un sistema de financiación por resultados que, según los sindicatos, penaliza a las universidades con menos recursos: si no alcanzan determinados indicadores de rendimiento reciben aún menos financiación, pero si no reciben la financiación adecuada nunca se da un contexto favorable para la maximización del rendimiento académico. El resultado es un círculo vicioso que ataca a la educación.
Todo esto mientras la CAM ha incrementado el 27% en las partidas destinadas a universidades privadas desde 2025, cifra que la comunidad educativa interpreta como un giro político hacia la privatización.
Las organizaciones alertan del camino que se está forjando hacia un modelo de gestión empresarial de las universidades públicas, que desbanca su función social y académica. Uno de los ejemplos más evidentes es el de la Universidad Complutense, que ha tenido que solicitar un préstamo a la Comunidad de 34,3 millones de euros, tras arrastrar años de infrafinanciación y acumular un déficit que ponía en riesgo el sueldo de los docentes para el próximo mes de diciembre. “Es muy triste pedir un préstamo a tu propia administración” denunció la Universidad en un comunicado oficial este pasado octubre.
Universidad Complutense de Madrid
El endurecimiento del régimen sancionador es otro de los puntos más polémicos. El Sindicato de Estudiantes denuncia que la normativa contempla multas de hasta 300.000 euros por protestas o actividades reivindicativas dentro del campus, medidas que consideran una forma de limitar la organización y la protesta estudiantil.
Las protestas de esta semana no solo ponen el foco en las carencias inmediatas, sino en un conflicto más profundo sobre el rumbo de la educación superior en Madrid. Para los convocantes, el paro académico es un primer paso para frenar lo que consideran un proceso de precarización acelerada; para el Gobierno regional, una contestación a un proyecto que aspira a reordenar el sistema universitario. La brecha entre ambos vuelve a hacerse visible en los campus.
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