La Asociación Vecinal de La Poveda denuncia el cierre del consultorio médico ente el Defensor del Pueblo

La Asociación Vecinal de La Poveda quiere presentar una queja ante el Defensor del Pueblo porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mantiene cerrado el consultorio médico local del barrio, dependiente del centro de salud de Arganda-Felicidad, a pesar de encontrarnos ya viviendo en la “nueva normalidad”. De esta forma se ha privado del derecho a la protección de la salud (artículos 43.1 y 43.2 de la Constitución Española) a una población que roza los 6.000 habitantes, esto es, un 10 % del censo total del municipio de Arganda del Rey (Madrid).

A fines de marzo de 2020 se produjo el cierre de esta instalación como consecuencia de la reorganización de la atención primaria llevada a cabo por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid para priorizar la atención en los centros de referencia, tanto telefónica como domiciliaria, para los pacientes que precisaran asistencia ya fuera motivada por la COVID-19 o por otras dolencias.

La ciudadanía comprendió el sentido de dicho sacrificio y desde marzo hasta junio nos vimos privados de nuestra atención sanitaria presencial. Entendimos que se trataba de un cierre temporal, pero a tenor de lo que nos manifiesta la Gerencia, no tenemos expectativas de que esta situación vaya a cambiar próximamente.

Nuestro consultorio fue una conquista de la lucha vecinal de los años 80 del siglo XX, que no se hizo realidad hasta fines de 1992. Es obvia la función social de nuestro consultorio y su papel a la hora de descongestionar los Servicios de Urgencias de Atención Primaria del municipio o las urgencias hospitalarias que, con este cierre, pueden volver a colapsarse.

Nuestras comunicaciones con la Gerencia de Atención Primaria no han sido muy esperanzadoras, según los documentos adjuntos: se arguye falta de personal, la mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos disponibles concentrándolos en el centro de salud de referencia, la necesidad de reorganizar la atención en los centros de atención primaria o de implantar un nuevo modelo de atención que, al parecer, nos va a condenar a ser atendidos por teléfono. Incluso se ha llegado a defender que el edificio donde se asienta nuestro consultorio no reúne las condiciones arquitectónicas para atender separadamente a los pacientes COVID de los no COVID. En este sentido, observamos que en el propio centro de salud de referencia, el de Arganda-Felicidad, así como en otros repartidos por toda la geografía madrileña, los pacientes esperan en la calle a ser atendidos y no se han implantado en ellos recorridos diferenciados para distintos tipos de pacientes, por lo que no entendemos por qué nuestro consultorio parece ser el único de toda la comunidad autónoma que necesita reformas para poderlo reabrir.

Es increíble que en la “nueva normalidad” cerca de seis mil habitantes estemos privados de nuestra atención sanitaria de cercanía y tengamos que desplazarnos a una distancia de más de cinco kilómetros al centro de salud de referencia, con los perjuicios que ello supone para las personas con movilidad reducida y el peligro que entraña la propia movilidad de las personas en estos tiempos. Quienes no disponen de vehículo propio deben acudir al centro de salud utilizando dos líneas de autobús diferentes, dilatándose el viaje en más de una hora. Además de que hay dolencias y/o tratamientos que no pueden verse o tratarse a través de un teléfono, habiendo quedando suspendidos desde marzo.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta los intentos de cierre de nuestro consultorio que se han producido desde 2018, nos parece que la pandemia ha puesto en bandeja un cierre sine die y/o definitivo de esta instalación tan fundamental para nuestro barrio, en el que vive una población cada vez de más edad.

Así pues, este colectivo vecinal solicita el auxilio del Defensor del Pueblo para que nos ayude a deshacer este nuevo atropello a nuestros derechos constitucionales llevado a cabo por nuestra Consejería de Sanidad.