La concejala de Urbanismo justificó la medida de aumento de más de un 30% en los precios que los constructores de vivienda protegida podrán cobrar a los inquilinos, en los aumentos de precios en materiales, energía y mano de obra desde la última revisión de estos precios, que data de 2008. La ponente del PSOE para la moción señaló que los aumentos de precios ahondarán la situación actual, en la que «lo que está ocurriendo es que los jóvenes de Arganda están pagando 600 euros al mes [legalmente] y 150 euros en dinero negro al propietario».
El Pleno municipal aprobó ayer, por 13 votos a favor y 12 en contra, una moción, presentada por el PSOE, que pedía instar al Gobierno regional a «retirar el proyecto de orden que planea subir hasta un 33% el precio de la vivienda protegida en Arganda». La defensa de la moción recayó en la concejala socialista Nerea Liquete, quien argumentó que las políticas de la Comunidad «han procurado beneficios a los constructores» y que el interés de estos por construir vivienda protegida se debe a que con ello «obtienen beneficios fiscales, en los tipos que han de pagar en el IVA y en los precios de compra de los terrenos» entre otras cosas.
Asimismo, valoró que las políticas al respecto desarrolladas por el Gobierno regional han provocado una situación, que se ahondaría con la medida proyectada por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, en la que «en la práctica lo que está ocurriendo es que los jóvenes de Arganda están pagando 600 euros al mes [legalmente] y 150 euros en dinero negro al propietario».
La concejala de Urbanismo, María Dolores Martín, en un momento de su intervención en el debate de la moción
Por parte del Gobierno local, la concejala de Urbanismo, María Dolores Martín, justificó la medida planteada por la Comunidad recordando que «desde 2008 no se revisaban los precios de los módulos de vivienda protegida» y que, desde entonces, «han pasado muchas cosas en España», entre otras «la subida de los precios de los materiales de construcción, de la energía y de la mano de obra» en la construcción, algo que ha llevado a las empresas de ese sector a ver «mermada su capacidad» notablemente. La ley de la oferta y la demanda, ha explicado, produce una retirada de las constructoras en el mercado de la construcción de vivienda protegida, debido a esa pérdida de margen comercial que el aumento de precios ha provocado.
No obstante, ha recordado que «el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a construir en Arganda 200 viviendas de alquiler asequible», para lo cual «vamos a tramitar las licencias en las próximas semanas».
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