El Gobierno regional admite haber inspeccionado menos del 10% de las residencias de mayores

La residencia privada Monte Hermoso fue la primera en la que saltó la alarma por una gran cantidad de fallecimientos por COVID-19

Los equipos formados por el Mando Único del Plan de choque para las residencias de mayores han inspeccionado hasta la fecha 38 residencias de mayores, de las 475 contabilizadas oficialmente en la región, y 8 de ellas han sido intervenidas por un funcionario de la Comunidad. 97 residencias han sido desinfectadas por equipos de soldados y bomberos.

Una nota de prensa de la Comunidad de Madrid admite, hoy miércoles, que el Plan de Choque para actuación en residencias de mayores de toda la Comunidad, aprobado el pasado viernes, “ha permitido inspeccionar desde el pasado viernes 27 de marzo un total de 38 centros residenciales en toda la región, tanto de mayores como de personas con discapacidad”. El número oficial de residencias en el territorio adminsitrado por la Comunidad de Madrid es de 475 (la gran mayoría de titularidad privada o públicas con gestión privada), por lo que la cantidad de residencias inspeccionadas supone tan sólo un 8% del total.

La nota del Gobierno regional explica que además de estas inspecciones se han desinfectado “97 residencias, 52 en municipios de la región y las 45 restantes
en la ciudad de Madrid”. La desinfección es realizada por efectivos de la UME, de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.

Más de 100 efectivos para actuar en residencias

El Plan de la Comunidad reúne la actuación de “más de 100 profesionales”, entre “sanitarios, bomberos, policías locales, soldados de la UME, trabajadores de los servicios sociales regionales y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja Española”. Está diseñado para “la inspección física de residencias y tiene el objetivo de establecer un diagnóstico de toda la red asistencial”.

En el plano sanitario, el plan incluye la participación de médicos y enfermeras de Atención Primaria, en coordinación con los geriatras de los hospitales que tienen enlace con las residencias. La dirección general de Salud Pública continúa sus actuaciones en coordinación con la Agencia Madrileña de Atención Social y la dirección general de Coordinación Socio-Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

El plano ejecutivo cuenta con tres tipos de equipos de intervención. En primer lugar, 40 equipos ligeros, formados por dos efectivos cada uno. Una treintena lo conforman los bomberos de la Comunidad de Madrid y bomberos y policías del Ayuntamiento de la capital, mientras que la UME suma los otros diez restantes.

Estos equipos ligeros tienen la misión de realizar un primer contacto presencial en los centros señalados por la consejería de Políticas Sociales. Su objetivo es analizar la situación del centro, identificar sus necesidades y detectar urgencias. Una vez realizado ese primer reconocimiento, un segundo tipo de equipos visitan los centros marcados. Estos equipos están formados cada uno por al menos cinco profesionales: sanitario, agente de Servicios Sociales, Bomberos, Protección Civil, policía local, Cruz Roja y UME.

Estos equipos en cada residencia inspeccionada llevan a cabo una valoración en términos sanitarios y proceden a zonificar y separar los pacientes contagiados de los no contagiados. Posteriormente, se establecen zonas claras de separación entre ambos grupos y se ofrecen pautas de actuación al personal del centro. El Plan también contempla que la autoridad sanitaria proceda al reagrupamiento de residentes contagiados o con síntomas entre centros, tanto públicos como privados.

Reparto de material

Estos grupos, además, si es necesario, proveen del material de protección al centro residencial, contando con los suministros del Centro Logístico que el Ejecutivo regional ha dispuesto en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) de la Comunidad de Madrid. Los materiales recogidos en este centro logístico proceden de donaciones de particulares y empresas de la Comunidad. Los grupos también organizan, en colaboración con la UME, labores de desinfección de las instalaciones que así lo necesitan.

De momento, este despliegue de urgencia ha conseguido repartir en estos centros, según la nota de la Comunidad, un total de 153.000 pares de guantes; 18.500 mascarillas; 1.100 litros de soluciones hidroalcohólicas; 5.100 gafas protectoras; 24.000 cubre zapatos; 4.400 batas; 6.000 gorros y 160 litros de desinfectante.

Por último, el plan de choque incluye la movilización del Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid ubicado en Las Rozas, que se ha especializado, junto a los servicios funerarios, en recoger y trasladar a instalaciones adecuadas a los pacientes fallecidos.

Tensión en el Gobierno regional

El Plan de choque para las residencias de mayores ha sido puesto en marcha por el Mando Único creado para la coordinación de las acciones, y que ha recaído en la consejería de Sanidad, gestionada por Enrique Ruiz Escudero, del PP, después de que se le retirase la competencia a la de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyeros, de Ciudadanos.

Esta retirada de competencias supuso la semana pasada un episodio de notable tensión entre ambas formaciones políticas, coincidiendo con la revelación de los numerosos casos de fallecimientos de ancianos en las residencias, casi en su totalidad de titularidad privada o públicas con gestión de empresas privadas.

La nota de prensa de la Comunidad no informa acerca de los 8 casos de residencias privadas que serán intervenidas hoy por funcionarios de la Comunidad de Madrid, que fue, sin embargo, anunciada ayer por Reyero. Esta medida fue autorizada el pasado 23 de marzo por el Gobierno español, aunque sólo hoy será puesta en práctica en las mencionadas 8 residencias.

La intervención supone que el funcionario designado podrá tomar todas las decisiones de gestión del centro, incluyendo la contratación de personal. Sin embargo, fuentes de varias residencias privadas aducen que, precisamente, la contratación de personal que sustituya al que ha sido de baja por contagio, está siendo “tremendamente difícil de realizar” debido al miedo a trabajar en residencias en las que el riesgo de contagio grave es tan importante.

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