La Policía Nacional anunció antes de ayer, jueves, el desmantelamiento de dos criaderos ilegales de perros de razas chihuahua y pomerania, ubicados en Meco y Arganda del Rey. Los canes, en número de 270, se encontraban «en pésimas condiciones higiénico-sanitarias», hacinados en jaulas y privados prácticamente de movimiento. Algunos presentaban las cuerdas vocales seccionadas para evitar que alertasen a los vecinos con sus ladridos. Las hembras eran utilizadas como «fábricas de cachorros». Los animales deben ser atendidos física y psicológicamente, por lo que el Juzgado deberá determinar si los perros pueden quedarse definitivamente en las casas en que han sido acogidos temporalmente, y cuándo podrán hacerlo.
Dos criaderos ilegales de perros de razas chihuahua y pomerania, ubicados en Meco y Arganda del Rey, fueron desmantelados por la Policía Nacional, según anunció este cuerpo el pasado jueves, 23 de enero, tras un operativo en el que han resultado detenidas cinco personas, entre ellas los propietarios de las instalaciones, dos veterinarios que facilitaban la «legalización» de las crías para ser vendidas y un informático que se encargaba de organizar campañas de marketing en internet para la venta de los cachorros.
Tras el desmantelamiento se ha rescatado a 270 perros de ambas razas. Doce de ellos fueron rescatados en el momento en el que los propietarios pretendían, presuntamente, deshacerse de ellos ante la llegada de la policía. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
En «pésimas condiciones»
Los perros se hallaban, según los agentes que desmantelaron los criaderos, en zulos practicados en el sótano de sendas viviendas, en Meco y Arganda del Rey. Los encontraron en «pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad» y «algunos de ellos habían sufrido una sección de las cuerdas vocales», posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos.
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado año tras una denuncia en la que se identificaba un criadero ilegal de chihuahuas en un chalé ubicado en la localidad madrileña de Meco. Según se indicó, los animales eran distribuidos por toda la geografía española previo anuncio y contacto a través de una página web.
Tras practicar las gestiones necesarias se realiza una inspección en la vivienda, logrando rescatar 12 perros de la raza chihuahua en el momento que estaban intentando deshacerse de ellos. Al realizarles las pruebas veterinarias oportunas se comprobó que presentaban síntomas de que les habían cortado las cuerdas vocales, posiblemente para que con sus ladridos no alertasen a los vecinos de la existencia de un criadero ilegal de perros en la urbanización.
Más de dos millones de beneficios
A partir de este punto, los agentes centraron su objetivo en identificar la posible participación de otras personas, tales como veterinarios y otros criadores, logrando identificar a una familia residente en un céntrico chalé de Arganda del Rey. Estas personas habían dado de alta más de 1.400 canes en la Real Sociedad Canina de España, con el objetivo de dotarlos de una apariencia de legalidad y poder venderlos a un precio más elevado. Pese a que habían dado de alta tal cantidad de animales, no les figuraba registrado ningún lugar “legal” de cría a sus nombres.
Tras el análisis de la documentación, se aprecia que el grupo llevarían operando más de una década. Se estima que con estos procedimientos la pareja que encabezaba estas operaciones podría haber obtenido un beneficio superior a los dos millones de euros en ese plazo de tiempo.
Los animales, en manos de varias asociaciones protectoras
El elevado número de canes rescatados ha obligado a distribuirlos entre varias asociaciones protectoras de animales, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA), así como en centros de acogida como el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid (CIAAM).
A su vez, varias entidades que luchan por el bienestar animal han colaborado con las asociaciones receptoras de los perros, con el fin de encontrarles domicilios de acogida temporal, en tanto el Juzgado decide, a la vista de los informes de los servicios veterinarios, qué perros están en condiciones de ser donados en adopción. Los animales fueron encontrados en tan malas condiciones, que los técnicos estiman que necesitan un periodo de cuidados físicos y psicológicos antes de considerarse en situación de adopción.
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