PP y Vox han llegado a un acuerdo para bajar el IBI, tanto residencial como industrial, así como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Buscan así compensar la subida impositiva proveniente de la obligación de crear una nueva tasa de basuras antes del próximo abril.
Pasados tres años de la aprobación de la ‘Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular’ el plazo para que los ayuntamientos aprueben una nueva tasa de basuras terminará el próximo abril. Ante la proximidad de la fecha las corporaciones locales de toda España están en plena faena para aprobar la medida en tiempo y forma. PP y Vox protestan por la obligación de subir impuestos a los vecinos, y la estrategia de bajar otros impuestos y tasas municipales para compensar está siendo generalizada, también en los Ayuntamientos de izquierdas.
La Ley de residuos: «quien contamina, paga»
En 2021 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, tras incumplir el objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales. En este año se debía haber alcanzado un 50% del volumen de residuos total, pero la cifra quedó 8 puntos por debajo, en el 42%. Este fue uno de los grandes motivos para aprobar una Ley de residuos, que entre otras propuestas imponía la obligación a los Ayuntamientos de crear una tasa de basuras «específica, diferenciada y no deficitaria». Los servicios de recogida de basuras ya no podrán ser costeados vía impuestos, sino que toda su financiación debe provenir de lo recaudado por la tasa.
El principio que inspira esta medida es el «quien contamina, paga». Para ello la ley habla de «pago por generación», e invitaba a tener en cuenta el que se incorporasen sistemas de incentivos al reciclaje en viviendas vacacionales, o la instalación de sistemas de compostaje doméstico o comunitario. También contempla reducciones en casos de familias en riesgo de exclusión social. Pero cuando ha llegado el momento de aplicar este mandato, las protestas se han multiplicado: denuncian la inseguridad jurídica por falta de detalles y desarrollo en la ley, así como una invasión de la autonomía local. El Gobierno se defiende afirmando que los Ayuntamientos han tenido tres años para desarrollar la nueva tasa.
Un ejemplo de aplicación de esta nueva normativa es el de Torrejón de Ardoz, donde se ha fijado la tasa en función de la superficie de la vivienda y el valor catastral, de forma que el 97% de los hogares pagará una tasa de 15 euros mensuales, y solo un 3% un coste de 21 euros. También se aplicará una bonificación del 90% para familias en situación de exclusión social, una bonificación del 10% para viviendas con buen nivel de reciclaje a aplicar a partir de 2026 y una bonificación del 5% por domiciliar el pago. Este Ayuntamiento también ha impulsado bajadas de impuestos para compensar la nueva tasa.
Es uno de los métodos, pero la realidad es que medir quien produce más residuos, y por tanto debe pagar más, es complicado.
La posición del Ayuntamiento de Arganda del Rey: en contra de la «Tasa Sánchez»
La oposición a la medida ha sido particularmente fuerte desde el Partido Popular y Vox, contrarios a todo tipo de aumento de la carga impositiva. Y ante la obligación de cumplir con la Ley de residuos, han decidido compensarlo con bajadas de tipos impositivos competencia de los propios Ayuntamientos, como los citados IBI y Vehículos de Tracción Mecánica. Una política que también están proponiendo en los municipios gobernados por la izquierda.
En Arganda, el acuerdo entre PP y Vox bajará el IBI un 5%, hasta el 0,44, el nivel más bajo en la historia del municipio y el IBI industrial más bajo de toda la Comunidad de Madrid. El IVTM también bajará en un 15%. La nota de prensa firmada por ambos grupos carga duramente contra la medida, que han bautizado como «Tasa Sánchez», y han hablado de “limitar en Arganda el golpe de Sánchez a España» y de «ayudar a los argandeños a frenar el golpe en sus economías».
El ejecutivo local ya venía detrás de una bajada en el IBI desde finales de 2023, cuando se aprobó en pleno municipal con los votos a favor de PSOE y Vox. El PP, que se abstuvo, argumentó que no había tiempo para realizar los tramites necesarios. Y no perdió la oportunidad de cargar contra el anterior equipo municipal encabezado por el socialista Guillermo Hita, al que la justicia tumbó una subida del IBI por defectos de forma y obligó al Ayuntamiento a devolver los ingresos adicionales.
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