En la mañana del viernes 11 de octubre el Ayuntamiento de Arganda ha hecho pública una carta dirigida a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo. El propósito de la misma es preguntarle cuál debe ser la forma de actuar de la corporación municipal ante las «muchas mujeres» que han expresado «sus quejas y su preocupación» por lo que consideran una vulneración de su intimidad, al tener que compartir el vestuario de las instalaciones polideportivas con personas que han tramitado su cambio de género de masculino a femenino.
En la carta Escribano afirma que esta situación perjudica tanto a las mujeres como a los trabajadores municipales, que se consideran indefensos ante la falta de herramientas legales para abordar la situación. Y es que el Ayuntamiento no tiene herramientas legales para examinar un posible fraude de ley, y señala en este sentido el artículo 43 de la conocida como ‘Ley Trans’, que afirma que para la rectificación registral relativa al sexo no puede exigirse ningún informe médico ni psicológico, ni ninguna modificación de la apariencia o función corporal. Entiende por tanto que la corporación municipal no tiene posibilidad de dar respuesta a esta situación, que a su parecer perjudicaría a la garantía de derechos de vecinos y trabajadores.
El fraude de ley y la batalla ideológica
En su perfil en la red social Twitter, actual ‘X’, Alberto Escribano ha subido la carta, acompañada del siguiente texto «Leyes ideológicas que destrozan la convivencia: está pasando en los vestuarios de las zonas deportivas de Arganda del Rey y de otras muchas ciudades de España». Por su parte, el perfil del Ayuntamiento en Facebook ha ampliado la información afirmando que son más de medio centenar las personas que han protestado por esta circunstancia, y se expresa en estos términos «hombres que han procedido al cambio registral de sexo entran en los vestuarios femeninos gracias a la Ley Trans aprobada por el Gobierno de España».
Las noticias sobre denuncias de fraudes de ley aprovechando la ‘Ley Trans’ se han multiplicado en los últimos meses, siendo esta una iniciativa legislativa muy contestada desde la derecha y con especial importancia en la guerra cultural entre progresistas y conservadores. Dicha circunstancia de fraude, en caso de ser real, puede ser atacada legalmente a través del Código Civil, que exige buena fe a la hora de ejercer un derecho y reconoce la institución del «fraude de ley», y que es aplicable a todo el derecho. Preceptos que ya han sido largamente aplicados en los tribunales en otras muchas circunstancias, como la de los matrimonios de conveniencia.
En todo caso, en su comunicado el Ayuntamiento no es claro sobre si efectivamente piensa que se está ante casos de un aprovechamiento ilícito del cambio de género, o si el problema consiste en que personas trans acudan a los vestuarios correspondientes al género con el que se identifican, lo que incomoda a usuarias y trabajadores y moviliza al PP. La prensa nacional del espectro conservador se ha hecho eco del comunicado.
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