La Asociación Plataforma Votación Escolar Justa denuncia que el nuevo decreto limita la participación en las votaciones, excluye a parte de la comunidad educativa y elimina las mayorías necesarias para validar el cambio de jornada en los colegios públicos.
La publicación del Decreto 94/2025, por el que la Comunidad de Madrid regula la jornada escolar en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, ha generado críticas entre colectivos de familias, al introducir cambios tanto en el modelo de horario como en el procedimiento de votación para el cambio de jornada. La norma, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 26 de diciembre y en vigor desde el día 27, deroga las órdenes anteriores y establece que, con carácter general, los colegios públicos deberán funcionar en jornada partida, con una sesión lectiva de mañana y otra de tarde, separadas por un intervalo de dos horas. La sesión de tarde deberá contar con al menos dos períodos lectivos, mientras que durante los meses de junio y septiembre los centros podrán aplicar la jornada continua, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.
Según recoge el decreto, los centros que ya contaban con jornada continuada podrán mantenerla, aunque el nuevo marco normativo simplifica el procedimiento para cambiar a jornada partida, facilitando que los colegios adopten este modelo. Además, los centros de nueva creación deberán implantar directamente la jornada partida.
Desde la Asociación Plataforma Votación Escolar Justa (PVEJ) han advertido de que este cambio normativo tiene consecuencias directas sobre la participación de las familias y del profesorado. En este sentido, denuncian que los colegios que ya tienen jornada partida no pueden participar en ningún proceso de votación, lo que, según la plataforma, deja fuera aproximadamente al 25% de la comunidad educativa de la región.
El colectivo explica que, aunque el 75% de las familias y docentes sí podrá votar sobre el cambio de jornada, lo hará en condiciones menos claras que antes, porque el decreto ya no exige una mayoría mínima de votos para aprobar la propuesta. Antes, el cambio solo podía hacerse si la mayoría de los participantes estaba de acuerdo, pero este requisito, que figuraba en el borrador, ha desaparecido del decreto final. Además, aunque la norma mantiene la consulta a las familias mediante voto presencial, por correo o por internet, no se fijan mínimos de participación ni mayorías necesarias, lo que, según la plataforma, permite tomar decisiones importantes sobre los horarios y la organización de los colegios sin un consenso suficiente.
El decreto justifica el fomento de la jornada partida en estudios e informes que relacionan este modelo con una mejora del bienestar y el rendimiento académico del alumnado, así como con una mayor conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, los colectivos de familias insisten en que estos objetivos no deberían alcanzarse a costa de limitar la participación democrática de la comunidad educativa.
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