El Pleno municipal suspende el procedimiento de licitación del nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria

La medida ha sido adoptada por unanimidad del Pleno, a pesar de las críticas que desde la oposición se han hecho a lo que consideran un pliego mal realizado. El Gobierno no admite la crítica y la concejala de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad afirma que el pliego «está perfectamente realizado», pero que se suspende su tramitación para salvar la «inseguridad jurídica» creada por un recurso planteado por UGT.

El Pleno municipal de Arganda ha aprobado esta mañana, por unanimidad de todos los concejales, la suspensión temporal del procedimiento de licitación del nuevo contrato de recogida de basuras, limpieza viaria y recogida de aceites. La suspensión venía propuesta por el Gobierno local, a consecuencia de la «inseguridad jurídica» que se crea al aceptarse el recurso que UGT ha puesto contra el mismo, en las cláusulas relativas a las condiciones de contratación de posibles nuevos trabajadores por parte de la empresa que resultase adjudicataria del contrato.

El recurso sindical, que había sido anunciado también por Unidas Podemos, se basa en el hecho de que el pliego de condiciones especifica la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria subrogase a todos los trabajadores empleados por la empresa que hasta ahora viene prestando el servicio, manteniendo como referencia para los mismos el convenio laboral al que ahora se sujetan. Sin embargo, no aclara a qué convenio deberían atenerse aquellos posibles trabajadores que fueran contratados adicionalmente por la adjudicataria. Para UGT, la diferencia entre que la empresa les contratase bajo el convenio sectorial o bajo el propio de la empresa, sería sustancial.

Para la concejala de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, María Jesús Ruiz de Gauna, responsable de la tramitación del pliego, éste está «perfectamente hecho» y si se plantea suspender su tramitación «temporalmente» es porque se admite que el recurso sindical crea «inseguridad jurídica» respecto a las cláusulas mencionadas. No obstante, ha aclarado, éstas «no afectan a la parte económica del pliego», por lo que las ha considerado «insustanciales».

Por su parte, tanto Ciudadanos como PP han criticado la forma en que se ha redactado el pliego de condiciones, si bien han anunciado que votarían a fgavor de la suspensión solicitada, cosa que al final han hecho.

En el caso de Ciudadanos, su portavoz para este asunto, Miguel Ángel López, ha aclarado que el voto afirmativo se iba a dar «para no perjudicar a los vecinos de Arganda» en el caso de que una continuación del expediente diese lugar a una invalidación del mismo, con la consiguiente demora al tener que abrir un procedimiento de licitación nuevo, desde el principio. Pero ha sacado a colación una sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, de 2017, en la que se afirmaba que era la empresa adjudicataria de un contrato la que tenía que negociar con la anterior prestataria las condiciones de subrogación, sin que éstas puedan venir impuestas en un pliego de condiciones. A pesar de reconocer que se trata de un criterio «polémico», López se ha posicionado a favor de que sea la empresa adjudicataria la que «de acuerdo con la legislación vigente» pueda contratar y despedir del modo que mejor le interese.

Por su parte, Lucía Santana, por el Partido Popular, ha reconvenido a la concejala de Mantenimiento con una advertencia: «las prisas no son buenas». Pero también ha recriminado a la empresa prestataria hasta ahora del servicio, asegurando que «no lo ha hecho su trabajo de forma adecuada», porque con un coste laboral de la prestación del servicio «de alrededor de 3,5 millones de euros», no ha dejado claro a qué convenio se sujetan sus trabajadores. Santana ha pedido al Gobierno local que inicie el procedimiento de licitación de nuevo para «evitar cualquier inseguridad jurídica» y que no opte por pedir en las condiciones que el nuevo contrato se ajuste al personal que se subrogue. «En un contrato a diez años seguro que va a haber bajas, jubilaciones, ampliación de servicios… y la empresa va a tener que contratar nuevos trabajadores ¿y a qué convenio deberá sujetarse esa nueva contratación?», se ha preguntado.

Clotilde Cuéllar ha asegurado entender las razones por las que el Gobierno pide la suspensión, anunciando su voto a favor, pero recuerda que ella viene planteando la remunicipalización del servicio, al menos «en lo fundamental del mismo». Por su parte, Ricardo Serrano, de Vox, se ha limitado a anunciar su voto favorable «para evitar males mayores».

El Alcalde, Guillermo Hita, ha cerrado las intervenciones recordando a la oposición (aunque dirigiéndose especialmente a la bancada popular) que «Estamos proponiendo una suspensión cautelar, no una definitiva del procedimiento» y que «En cuanto las incertidumbres jurídicas queden resueltas, se volverá a retomar». Y les ha recriminado que «Ustedes aprovechan esta actitud nuestra de prudencia para «hacer filibusterismo», pidiendo que comencemos el procedimiento de redacción del pliego desde el principio». «El rédito político que ustedes piensan que obtendrían, sería a costa de los trabajadores y de la población», ha añadido. Y ha finalizado su intervención recordando que la intención de su gobierno es solamente «Adjudicar este contrato en las mejores condiciones para los trabajadores y del servicio público». Respecto a la remunicipalización del servicio, le ha recordado a Cuéllar que ya han remunicipalizado otros servicios, «como el de jardinería, que ha ahorrado a este Ayuntamiento unos 700.000 euros», pero que «si privatizamos» el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria «es porque no tenemos capacidad de financiación para asumirlo. No podemos pedir ni un céntimo más allá de lo que nos permiten». Al respecto ha afirmado que «Si tuviéramos la posibilidad de pedir 70 millones de euros, nosotros remunicipalizaríamos el servicio de recogida de basuras».